Esta mañana, ha finalizado con gran éxito el primer Encuentro de Plataformas de Pensionistas y Sindicatos organizado en la Facultad de Economía y Empresa de Sarriko, en Bilbao.
El encuentro, que ha acogido a pensionistas de diversas comunidades (Euskal Herria, Galicia, Catalunya, Andalucía, etc.), tenía como principales objetivos compartir un diagnóstico sobre los «persistentes ataques» al Sistema Público de Pensiones, y proponer alternativas y movilizaciones conjuntas para terminar con las políticas de recortes. «Como demuestran las luchas que en los últimos años hemos desarrollado y seguimos realizando como personas pensionistas y trabajadoras, la movilización consigue resultados y es la mejor garantía para conseguir nuestros objetivos», han asegurado.
Tras el encuentro, han llegado a varios puntos en común:
a) Reducción progresiva de las prestaciones de los sistemas públicos de pensiones (SPP), consecuencia tanto de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y el aumento de la precarización del empleo como de las reformas legislativas que elevan la edad necesaria para acceder a la jubilación, aumentan los períodos de cálculo de las pensiones, introducen factores llamados de sostenibilidad que reducen las pensiones iniciales, etc.
b) Establecimiento de pensiones mínimas muy insuficientes cada vez más desvinculadas de los salarios mínimos en vigor en cada Estado. Salarios mínimos que incumplen la reciente Directiva de la Unión Europea 2022/2041, ya de por si poco exigente.
c) Perpetuación de la brecha de género, que se sitúa entre el 30% y 40% debido a la escasa envergadura de las medidas adoptadas para eliminarla.
d) Reducción de la tasa de reemplazo de las pensiones y aumento de las ventajas fiscales y de cotizaciones sociales para promocionar las pensiones privadas.
e) Cada vez mayor número de pensionistas en Europa ven como sus condiciones de vida empeoran y se ven obligados a complementar su pensión prolongando su vida laboral en precariedad.
f) En definitiva, la voracidad neoliberal para incrementar los beneficios empresariales acentúa el desigual reparto de la riqueza producida por trabajadoras y trabajadores, base del denominado estado de bienestar, incrementando los precios de mercancías y servicios, reduciendo salarios y pensiones y utilizando recursos públicos para mejorar su cuenta de resultados.
Y, a consecuencia, han desarrollado las siguientes demandas:
1.- Derogar los aspectos regresivos de las reformas que recortan nuestros derechos y pensiones y de manera especial el aumento de los años necesarios para acceder a la jubilación, la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones y el empeoramiento de las condiciones para acceder al porcentaje máximo posible de la pensión.
2.- Garantizar el SPP de reparto e ingresos suficientes en cada uno de los pueblos europeos que permitan a las personas pensionistas acceder a unas condiciones de vida dignas y aumentar las tasas de remplazo entre salario y pensión, especialmente de los salarios más bajos, que en general van asociados a trabajos más penosos e insalubres y, con ello, de menor esperanza media de vida y peor salud.
3.- Medidas efectivas para eliminar la brecha de género en salarios y pensiones, tanto en el ámbito laboral, como el de la protección social y de pensiones.
Creación de un programa efectivo para conseguir la equidad de género en las pensiones.
Aunque la equidad de género es uno de los principios fundamentales de la UE y el principio de igualdad de remuneración por el mismo trabajo se introdujo hace más de 60 años, en 2019 la brecha en pensiones en la UE era del 29,4%. La pobreza y la exclusión social es mayoritariamente femenina: según Eurostat hay 64,6 millones de mujeres y 57,6 millones de hombres en situación de pobreza.
El riesgo de pobreza y exclusión social en 2020 era del 22,9% entre las mujeres y del 20,9% entre los hombres. Es necesario el efectivo cumplimiento de la Resolución del Parlamento Europeo de 5 de Julio de 2022 sobre la pobreza de las mujeres en Europa que reclama a la Comisión Europea y los Estados miembros un programa de actuación para 2030 con objetivos concretos para luchar contra la brecha de género.
Es inaceptable que las nuevas normas de trasparencia salarial como la de marzo de 2023 o la resolución sobre la estrategia de la UE para la igualdad de género de enero de 2021, o la exigencia de los diputados para abordar el problema de las pensiones más bajas para las mujeres estén teniendo un efecto inapreciable para reducir la brecha de género por la inacción de la CE a la que van dirigidas estas demandas.
4.- Incorporar el derecho a pensiones públicas decentes y a los SPP de reparto como derecho fundamental en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE.
5.- Incorporar en la Carta Social Europea revisada (CSEr), el derecho a una pensión pública mínima con los criterios de suficiencia marcados para el SMI y concretándola al menos en el 60% del salario medio.
6.- Reforzar la obligatoriedad para los Estados del cumplimiento de lo establecido en el art. 12 de la Carta Social Europea (revisada) de 1996 respecto a “mantener el régimen de Seguridad Social a un nivel satisfactorio, igual al menos que el que es necesario para la ratificación de la Convención internacional del trabajo nº 102”, y en el art. 23 referido al derecho de las personas de edad avanzada a protección social.
7.- Derogación del Reglamento europeo 2019/1938 que regula los (PEPP) planes paneuropeos de pensiones individuales privadas, para desarrollar las cuales la Comisión Europea ha propuesto que los Estados le apliquen el mismo trato fiscal que a los productos estatales ya existentes y ello, aunque los PEPP no cumplan los criterios estatales de desgravación fiscal.
El objetivo de la CE (Comisión Europea), de la mano del BCE (Banco Central Europeo) pretende mediante los incentivos fiscales aumentar los activos gestionados en el mercado financiero de las pensiones individuales desde los 0,7 billones de euros en el 2018 a 2,1 billones en 2030.
8.- Demandamos a las instituciones europeas planes concretos para impulsar políticas eficaces de reparto equitativo de la riqueza, creación de empleo de calidad y pensiones decentes en los diferentes pueblos europeos y valorar su desarrollo de manera positiva para acceder a los fondos europeos.
9.- Generar una oposición frontal a las reformas que se están legislando contrarias al fortalecimiento de los SPP de reparto. Desarrollar una oposición frontal a las reformas que se están legislando contrarias al fortalecimiento del SPP de reparto en cada uno de los pueblos europeos.
El sistema de pensiones de reparto y solidaridad entre generaciones debe ser eje central de un esquema de protección social para las trabajadoras y los trabajadores que finalizaron su etapa laboral.
10.- Demandamos el acceso a pensiones decentes a las personas que no tienen la nacionalidad de ningún Estado miembro de la Unión Europea a los que, al no habérseles reconocido los permisos de residencia y de trabajo, trabajan en la economía sumergida, con condiciones laborales y salariales muy precarias e inferiores a las legales en vigor en cada Estado. Exigimos su regularización inmediata. Asimismo, se les debe garantizar la libertad de circulación para que se les aplique la totalización de las cotizaciones si han trabajado en varios Estados miembros.
11.- Por todas estas razones hacemos un llamamiento a realizar una movilización compartida en el conjunto de los pueblos de la UE, a concretar en los próximos meses.
Estas demandas serán presentadas al Parlamento Europeo, la Comisión y los distintos parlamentos de los pueblos europeos para su cumplimiento efectivo.
Como demuestran las luchas que en los últimos años hemos desarrollado y seguimos realizando como personas pensionistas y trabajadoras, la movilización consigue resultados y es la mejor garantía para conseguir nuestros objetivos.
Firmantes: ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada sin Penalizar), COESPE (Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones), EHPM (Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria), MADPP (Movimiento Andaluz por la Defensa de las Pensiones Públicas), MODEPEN (Movemento Galego en Defensa das Pensións e os Servizos Públicos), UNIDAD COESPE (Coordinadora Estatal de Pensionistas), Plataformas de Pensionistas de Badajoz, Móstoles…