Por DavidBM
Bilbao, 14 enero 2026 – La Asociación Euskadi-Cuba y PA…YÄ Euskal Kultur Elkartea han denunciado públicamente la denegación de una sala en el Centro Cívico de Otxarkoaga para celebrar un coloquio sobre la situación en Venezuela, una decisión que consideran una vulneración de los derechos fundamentales de reunión e información y un precedente “peligroso” para la sociedad civil organizada.
Según relatan ambas entidades en un comunicado conjunto, la solicitud para el uso de un espacio público fue tramitada conforme a los cauces habituales, pero la Dirección del Centro Cívico rechazó la petición sin aportar una fundamentación legal clara. Para las asociaciones firmantes, esta negativa deja en manos del criterio discrecional de un cargo municipal el acceso a recursos públicos, lo que, a su juicio, abre la puerta a decisiones arbitrarias.
El acto vetado llevaba por título “Venezuela Bolivariana frente al imperialismo Trump” y estaba previsto para el 16 de enero, a las 19:00 horas, en el Centro Cívico de Otxarkoaga. El coloquio contaba con la participación de Glenna del Valle Cabello, cónsul general de Venezuela, y José Manzanera, periodista de CubaInformación.tv, y había sido planteado como un espacio de análisis y debate político abierto a la ciudadanía.
Las organizaciones subrayan que los centros cívicos y udaltegis son infraestructuras públicas destinadas a actividades culturales, educativas y formativas, y recuerdan que el coloquio previsto encajaba plenamente en ese marco. “No podemos permitir que estos espacios se conviertan en extensiones de batzokis u otros centros partidarios”, advierten, en referencia a un uso político de instalaciones que deberían estar al servicio de toda la ciudadanía, con independencia de afinidades ideológicas.
En su denuncia, PA…YÄ Euskal Kultur Elkartea y la Asociación Euskadi-Cuba responsabilizan directamente al Ayuntamiento de Bilbao por una decisión que, sostienen, limita derechos fundamentales mediante actos administrativos carentes de justificación jurídica suficiente. A su entender, el veto no solo afecta a las entidades implicadas, sino que condiciona la libertad de expresión y de debate en el ámbito público, pilares básicos de una sociedad democrática.
Las asociaciones reclaman que se revierta la decisión y alertan de que normalizar este tipo de prohibiciones supondría un retroceso en las garantías democráticas, al convertir el acceso a espacios públicos en un privilegio sujeto a afinidades políticas y no a criterios objetivos y transparentes.
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