Artículo de opinión de Fátima Letradu de SOS Racismo-Bizkaiko SOS Arrazakeria y Kaiene Inzunza, Educadora Social de Bizkaia.
Hace ya dos meses desde que la policía municipal de Barakaldo disparó a bocajarro contra tres jóvenes en situación de calle que se refugiaban en un túnel. El paso del tiempo nos ha demostrado lo que ya sabíamos que sucedería: la versión oficial ha tardado poco en convertir a la víctima en verdugo.
Desde el minuto tres de las actuaciones policiales que acaban con personas en el hospital ya tenemos versión policial (de parte), apoyada por los responsables políticos de turno, justificando y aplaudiendo su actuación y culpabilizando a la otra parte.
Da igual lo que haya pasado. El argumento es «mi intervención está bien hecha teniendo en cuenta la falta de medios, y la otra parte ha hecho mal por culpa de la permisividad social». Igual, ¡ya está bien!
En este caso el sindicato policial mayoritario ha tardado poco en apoyar la versión de su cuerpo (ni se ha molestado en informarse de la otra versión, ni mucho menos se ha preocupado de los daños generados) añadiendo a las excusas tradicionales de “falta de medios” una nueva, la de “falta de formación”. Vayamos por partes.
Hablan de falta de medios e iban: cinco agentes (en el túnel había tres personas) cada uno con sus radios, es decir, interconectados con cualquier otro agente y cuerpo policial de un modo inmediato. Como armas llevaba cada cual, esposas, porras, pistola y algún tipo de gas; tienen chalecos de seguridad, guantes, botas. Aquí no hay problema de medios, por más que también quieran tener tasers o bazokas.
También hablan de falta de formación. En cualquier caso, esa es su responsabilidad. Tener los conocimientos para ejercer un trabajo es responsabilidad de cada trabajador y de la empresa o cuerpo para el que trabaja. Esta falta de formación responde a una dejación propia y es una irresponsabilidad.
Pero es que además de estos dos factores hay uno más que se debe añadir: la falta de capacitación. Es evidente que quienes han abordado esta situación no tienen capacidad para resolverla adecuadamente. La excusa de haberte sentido inseguro no vale cuando el resultado es un tiroteo que pone en juego la vida de otras personas. Menos aún para alguien que asume ser guardián del “uso legítimo” de la violencia.
Los medios de comunicación tampoco se han quedado cortos. La única versión inicial que han dado es la de parte. No han contrastado. Dejan permanentemente la duda del “algo habrá hecho” convirtiendo a la víctima del tiroteo en más que presumible culpable de un indemostrado delito, y de su propia suerte. En el día mundial contra el racismo, mientras hablan del racismo que sufren algunos hombres ricos, publican sucesos omitiendo información y generando opinión con un marcado tinte de racismo estructural hacia las personas más pobres.
Realmente el problema de fondo tiene que ver con la visión eurocentrista y clasista de la migración. Desde la perspectiva blanca no entendemos porque no somos los actores protagonistas. No sabemos nada de migración y pobreza porque no somos migrantes pobres; de la misma manera que no sabemos de racismo porque no lo sufrimos. Mientras tanto las personas racializadas, migradas y gitanas, sufrimos las consecuencias de estas prácticas racistas, que atentan contra nuestras vidas. Para las administraciones el problema no está en las dificultades que viven las personas que migran, sino la molestia que esta gente genera en las zonas a las que migran. Eso se está viendo meridianamente claro en las actuaciones actuales de nuestras administraciones locales. Si el foco lo ponemos en el “malestar que generan” las actuaciones serán de persecución, acoso y derribo. Si el foco se pusiera en las dificultades que hemos sufrido, las condiciones por las que hemos venido y por las que se precarizan nuestras vidas en el territorio, las respuestas serían de solidaridad, atención y acompañamiento.
El enfoque actual deriva en estrategias de “invitación a salir”. No queremos solucionar su situación, queremos que no nos afecte ni lo más mínimo. Así establecemos dos líneas en paralelo: estrategias como la reducción de acompañamientos y recursos, la persecución de los acompañamientos personalizados, la no actualización de los presupuestos, la nula adaptación a las nuevas situaciones… se “compensan” por otra parte con una supuesta formación específica a los cuerpos policiales y con un permiso y apoyo a las respuestas persecutorias y violentas de estos cuerpos, además de con justificaciones inmediatas.
En cuanto a los servicios de acompañamiento, en su mayoría compuesto por personas blancas, lo que hacemos es limitar y dificultar el acceso y la progresión en los mismos: no ponemos los recursos técnicos y humanos que se requieren, dilatamos las intervenciones prioritarias, urgentes e iniciales (las tres), ponemos trabas administrativas en los diferentes tramos, denunciamos la creciente demanda en lugar de pelearnos por ampliar la oferta. En cuanto a los servicios de control se aumenta la presión buscando echar a las personas de los lugares que utilizan para las cuestiones más básicas.
Así damos por hecho, por normal y por bueno que cuando una persona tiene que dormir y vivir en la calle la solución no pase por atender a su necesidad básica y humana de adquirir cobijo y alimento, sino que pase por echarle del municipio, en lo que no es más que una versión renovada del clásico “aquí pobres no”.
En la medida que damos por válida está dinámica de intervención estamos validando que los métodos sean cada vez más invasivos y violentos.
Frente a todo esto, los servicios sociales y entidades que trabajan en la intervención social nos sumimos en esta espiral de violencia y (des)atendemos con los pocos recursos que tenemos al alcance. En el mejor de los casos nos lamentamos con el típico “no es justo, pero es lo que hay”, en el peor de los casos hacemos nuestra la creencia de que “se lo merece porque no ha hecho las cosas bien”.
Debemos cuestionar no solo nuestro hacer profesional, sino el sentido que tiene lo que hacemos. Estamos convirtiéndonos en gestores de servicios y estamos renunciando a construir modelos sociales justos, responsables e igualitarios.
Una breve foto incuestionable: Ante uno de los hechos más graves que pudiéramos imaginarnos; sobre una persona del colectivo más invisibilizado y con más riesgo de caer en la exclusión social; realizado por parte de la administración local, las entidades profesionalizadas no han levantado la voz y lo que es más grave, ni siquiera se han preocupado en saber ni qué ha pasado ni cómo ha quedado la víctima. En el mejor de los casos han obviado el tema, en el peor han comprado (sin verificar) el argumento esgrimido por quienes han decidido echar, de cualquier manera, a las personas más débiles de sus refugios.
El análisis que podemos hacer de todo esto es muy amplio, y la crítica que se apunta detrás de todo esto daría para poner en cuestión seriamente nuestra actividad y nuestra finalidad.
Han pasado dos meses desde que la policía municipal de Barakaldo disparó contra tres jóvenes, dejando dos heridos de bala, uno de ellos gravemente hospitalizado. De los sucesos acontecidos en aquel túnel, este es el único hecho palpable e incuestionable. Sin embargo, todos los agentes (políticos, policiales y mediáticos) han decidido cargar la culpa sobre el joven hospitalizado. Sin que haya, de momento, ningún hecho palpable que lo demuestre. Ahora, el agente de la policía municipal que disparó contra el joven se ha presentado como acusación particular y ha denunciado a la persona que ha sido tiroteada. De momento, esto es lo que tenemos:
Tres disparos de la policía municipal que terminan en dos heridos de bala y un joven que se debate entre la vida y la muerte, unos hechos objetivos que deberían ser investigados tomando en cuenta algo más que las declaraciones de quienes ejecutaron los disparos.
Dos versiones. La versión de la policía, agentes políticos y medios de comunicación que depositan la culpa sobre el joven herido sin ningún tipo de prueba más allá de la versión policial; contra la versión de un joven migrado que ha sido despojado de sus derechos más básicos y a quien casi nadie se ha interesado por escuchar.
Y, nosotras nos cuestionamos… ¿un culpable?
