Reportajes

Por DavidBM

Bilbao, 22 abril 2026 – Las familias del IES Txurdinaga Behekoa BHI han hecho público un duro comunicado en el que critican las recientes declaraciones de la consejera de Educación del Gobierno Vasco en el Parlamento autonómico el pasado 17 de abril de 2026, al considerar que “ignoran el conflicto real y profundizan la falta de diálogo con la comunidad educativa”.

El pronunciamiento llega en un contexto de tensión creciente por el proceso de reducción progresiva de la oferta educativa del centro, una medida que, según denuncian, se está ejecutando sin negociación efectiva ni transparencia institucional.

En su intervención parlamentaria, la consejera justificó los cambios apelando a la “demanda efectiva”, la “coherencia de la planificación educativa” y a una supuesta baja elección del instituto por parte de las familias. Sin embargo, desde el centro rechazan esta lectura y sostienen que “parte de una interpretación parcial que ignora el contexto estructural en el que esa demanda se ha generado”.

Según el comunicado, la evolución de la matrícula no puede entenderse como un indicador neutral, sino como “el resultado directo de decisiones políticas previas”. Entre ellas, señalan el sistema de adscripción, que ha reducido progresivamente la base de alumnado, así como el cierre de uno de los centros de referencia de la zona, lo que ha limitado el flujo de acceso al instituto.

Las familias subrayan que los datos utilizados en sede parlamentaria, como la baja elección del centro en primera opción, no reflejan desinterés por el proyecto educativo, sino las consecuencias de un proceso prolongado de debilitamiento institucional. Asimismo, cuestionan la valoración negativa de la movilidad del alumnado, destacando que la llegada de estudiantes de distintos municipios evidencia precisamente la capacidad de atracción y especialización del centro.

Uno de los aspectos más relevantes del conflicto, según denuncian, es el perfil social del alumnado. Más del 80% del estudiantado se encuentra en situación de beca, un dato que, a su juicio, “no ha sido adecuadamente incorporado al análisis del Departamento” y que confirma el papel del instituto como espacio clave para la escolarización de jóvenes en situación de vulnerabilidad socioeconómica.

Pese a la gravedad del escenario, las familias aseguran que el conflicto sigue sin resolverse. Denuncian “la falta de diálogo, la improvisación y la ausencia de planificación real”, y recuerdan que han solicitado formalmente la paralización del proceso mediante registros oficiales, burofax y comunicaciones a los grupos parlamentarios, sin haber recibido hasta la fecha una respuesta efectiva del Ejecutivo autonómico.

El caso ha llegado al Parlamento Vasco a través de preguntas de distintos grupos, entre ellos Sumar, aunque la intervención de la consejera ha sido interpretada por la comunidad educativa como “la validación institucional de una decisión ya tomada”, sin voluntad de interlocución.

En este contexto, las familias lanzan una crítica de fondo a la política educativa: “cuidar la escuela pública no es cerrar proyectos que funcionan ni desmantelar centros con identidad propia”. Frente a ello, defienden que el papel de las instituciones debe orientarse a reforzar la red pública, ampliar la oferta formativa y garantizar la igualdad de oportunidades.

“La escuela pública no se protege recortando, sino ampliando”, subrayan en el comunicado, donde plantean una pregunta que consideran clave: “¿Es coherente hablar de refuerzo de la escuela pública mientras se reducen centros que cumplen una función educativa y social consolidada?”.

A día de hoy, el proceso sigue en marcha sin acuerdo con la comunidad afectada y, según denuncian, sin que exista un documento oficial que explique con claridad las razones de esta reconfiguración. Las familias alertan de una “preocupante falta de transparencia”, al no permitirse el acceso al expediente, y describen una creciente sensación de indefensión ante decisiones que afectan directamente al futuro de sus hijos e hijas.

Por todo ello, exigen la paralización inmediata del proceso y la apertura urgente de un espacio de diálogo real. El conflicto, lejos de cerrarse, continúa abierto.