Los últimos datos hechos públicos nos señalan que desde el 28 de junio hasta el 31 de noviembre, el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco ha abierto 1.478 expedientes en aplicación de la “Ley Mordaza”: 691 fueron abiertos en Gipuzkoa; 626 en Bizkaia; y 161 en Álava. Siendo Donosti la ciudad que encabeza este ránking con 189 multas, seguida de Bilbao con 160 y Gasteiz con 134.
Estos expedientes sancionadores contravienen el llamamiento del Parlamento Vasco realizado el 28 de junio del pasado año de no aplicar la “Ley Mordaza”. Esto nos lleva a solicitar al “Departamento de Seguridad” el suspender las cerca de 5.000 sanciones que ha incoado el Gobierno Vasco. La “Ley Mordaza” se aplica con una media de nueve multas cada día.
Esto evidencia que existen partidos que dicen una cosa en Madrid y, sin embargo, aquí aplican importantes multas: en la mayoría de los casos la sanción oscila entre los 300 y los 1.500 euros. La aplicación de la “Ley Mordaza” en la CAPV entre el 28 de junio hasta el 31 de noviembre ha supuesto sanciones por un importe de 328.827 euros.
En el transcurso de esta movilización se evidencia las diferentes jurisprudencias, contradicciones y diversos pronunciamientos del “Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, así como del “Tribunal Constitucional”; el cual ha remarcado el “Derecho Fundamental de Reunión” como un derecho fundamental y básico de la libre expresión.
Es más, en sentencia firme el “Tribunal Constitucional” señalaba que “el ejercicio de un derecho constitucional no puede ser nunca motivo de sanción. Siendo obligación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades”. Sin embargo, en los últimos años, dicha obligación no sólo no se ha cumplido, sino que se ha sancionado a centenares de personas sabiendo que no existe base legal alguna para ello; como ocurre en este caso que se denuncia ante los juzgados de Bilbao.
