Por David BM
Bilbao | 17 Julio 2025 – A pocas semanas del juicio penal en Italia contra Francesco Arcuri por presuntos malos tratos a sus hijos, la justicia española ha ordenado el retorno del hijo menor de Juana Rivas, Daniel, a Italia, donde deberá convivir nuevamente con su padre. La decisión judicial ha suscitado una ola de indignación y preocupación por parte de la Plataforma de Apoyo a Juana y sus hijos, respaldada por múltiples colectivos de la sociedad civil y defensoras de derechos humanos.
El regreso del menor se ejecutará el próximo 22 de julio, tan solo 57 días antes de que Arcuri se siente en el banquillo en Cerdeña, el 18 de septiembre, acusado de un supuesto delito continuado de violencia contra sus hijos. La plataforma denuncia que la resolución judicial desprotege al menor y prioriza trámites administrativos sobre la seguridad y el bienestar del niño.
“No quiero, ni puedo volver con papá”
Durante meses, Daniel, de 11 años, ha expresado su rechazo al retorno con frases como: “No quiero, ni puedo volver con papá. Me obligará a mentir, porque si no me matará”. Estas palabras, recogidas por su entorno y el equipo jurídico de su madre, describen años de supuestos malos tratos físicos y psicológicos durante su residencia en Italia.
El hermano mayor de Daniel, Gabriel, corroboró este relato al escapar del domicilio familiar a los 16 años y denunciar formalmente la situación una vez alcanzó la mayoría de edad. En ese contexto, el Juzgado de Instrucción nº 4 de Granada dictó el pasado 7 de enero de 2025 una medida cautelar de protección que mantuvo al menor en España.
Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia Nº 3 de Granada ha revocado ahora esa medida y ha ordenado la ejecución del retorno. La magistrada argumenta que la audiencia del menor “no es un medio de prueba sino una diligencia que no resulta inocua”, y por tanto no debe repetirse. La única exploración previa fue realizada en Italia el 6 de diciembre de 2024, en condiciones cuestionadas por el entorno del menor.
La exploración judicial bajo la lupa
Según denuncia la plataforma, aquella única entrevista fue breve y no siguió protocolos de protección internacionales. Arcuri acompañó a Daniel hasta la puerta del juzgado, y la jueza italiana, tras unas preguntas sobre fútbol y amigos, concluyó con un simple “¿Tienes algo que añadir?”. El niño, que habría sido advertido por su padre con un “si hablas, te mato”, no dijo nada. Desde entonces, el equipo jurídico de Juana Rivas ha solicitado sin éxito una nueva exploración en España.
A pesar de ello, el Juzgado español no ha reabierto diligencias ni ha tomado medidas para actualizar la escucha al menor. En consecuencia, la medida cautelar ha sido “borrada con un bolígrafo”, denuncian desde la Plataforma.
Un juicio penal inminente
El proceso penal contra Francesco Arcuri ha seguido su curso en Italia. El pasado 17 de junio, tras tres años de instrucción, un juez decidió que existían “indicios más que sobrados” para abrir juicio oral. Sin embargo, España, afirman los colectivos, ha optado por acelerar el retorno sin esperar a la resolución de esa causa.
“¿Por qué devolver al menor justo antes de que se determine si su padre es culpable?”, se preguntan desde la Plataforma. Para el equipo jurídico, esta actuación representa una forma de “violencia judicial premeditada”, ya que consideran que el Tribunal de Cagliari debió paralizar el proceso civil al reabrirse el penal en 2022, y que España está repitiendo el mismo error.
Una vía legal ignorada
Existe una herramienta jurídica que, según los colectivos, podría haber evitado esta situación: el artículo 39 del Reglamento Europeo 2019/1111, que permite a los Estados miembros negar la ejecución de una sentencia dictada por otro país si entra en conflicto con su orden público.
El Tribunal Constitucional español ha afirmado reiteradamente que el interés superior del menor es una “norma de orden público prioritario”, lo que, según los juristas del caso, justificaría una excepción. No obstante, el juzgado de Granada no ha activado esta posibilidad.
“Imaginemos un caso idéntico en Bilbao: un niño protegido por su madre en Granada, mientras su padre en Bilbao espera juicio por maltrato. ¿Alguien entendería que un juez lo obligara a volver con él?”, reflexiona el equipo legal.
El patrón que se repite
La historia del hermano mayor, Gabriel, pone aún más en duda la respuesta institucional. Tras años de denuncias ignoradas, Gabriel se vio obligado a huir del entorno paterno a los 16 años y a denunciar por su cuenta una vez cumplida la mayoría de edad. Ahora, temen que con Daniel se repita el mismo patrón de desprotección institucional.
Además, según el comunicado, la jueza española se apoya en un informe pericial italiano que habla de “manipulación materna” -una alusión al desacreditado Síndrome de Alienación Parental (SAP)-, mientras omite los testimonios reiterados del menor sobre supuestas agresiones.
“Escuchen a Daniel”: nuevo clamor social
La Plataforma recuerda que este no es un caso de custodia. Es un caso de protección de la infancia, de preservar el bienestar físico y emocional de un menor que ha manifestado, en reiteradas ocasiones, temor a ser devuelto a un entorno que considera hostil.
“Esto no es sobre custodia: es sobre si un niño sobrevivirá al verano”, resume la Plataforma. “Mientras los tribunales discuten competencias, Daniel espera, con una mochila lista y dos frases que estremecen: ‘Mi padre me va a matar. ¿Por qué la jueza no me cree?’”.
Desde la sociedad civil, el mensaje es claro: “¡Escuchen a Daniel!”.
