Por Laura Fontalba
Ayer, Dalila Argueta, defensora hondureña del río Guapinol; Ángela Naranjo, defensora colombiana; y Marusia López, de IM-Defensoras, acudieron a Marienea, la Casa de las Mujeres de Basauri, para participar en la mesa redonda Desafíos en la protección de defensoras, donde presentaron el nuevo informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras): Datos que nos duelen, redes que nos salvan. 10+ Años de agresiones contra defensoras de derechos humanos en Mesoamérica (2012-2023).
Amenazadas, perseguidas, desprestigiadas, criminalizadas y, en el peor de los casos, asesinadas. Así es la situación de las defensoras mesoamericanas. Sobre todo, desde el asesinato de Berta Cáceres, defensora de los derechos medioambientales e índigenas en Honduras, cuya muerte generó una mayor toma de conciencia sobre hasta qué punto pueden llegar las políticas represivas, y sobre cómo las redes de apoyo son imprescindibles para salvarse unas a otras.
Así lo relataba Marusia López, quien explicaba con tristeza que en los últimos 10 años se han contabilizado 35.077 agresiones contra 8.926 defensoras y 956 organizaciones; en un mismo periodo en el que han sido asesinadas 200 defensoras y otras 228 han sobrevivido a intentos de asesinato. “Después del asesinato de Berta, las agresiones y asesinatos crecieron en Honduras. Guatemala se convirtió en uno de los países más letales para ser defensoras de DDHH. En México, por sus dimensiones, hubo un impacto mayor, pero también por la crueldad de la violencia exacerbada las últimas décadas. Y aunque en Nicaragua no se expresa tanto en las asesinadas, se expresa en otras formas de violencia”, explicaba. Sólo en el año 2023, han contabilizado 6.214 agresiones contra, al menos, 1188 defensoras de Derechos Humanos y 73 organizaciones de El Salvador, Honduras, México y Nicaragua.
Todo ello por levantar la voz contra las injusticias y mantener una lucha cotidiana dentro de sus comunidades a fin de conseguir una vida mejor. Aunque también por ser mujeres, disidencias sexuales, que resultan “peligrosas” al poner en riesgo los intereses de grupos de poder que necesitan “un sistema de desigualdad para sobrevivir”. De hecho, el estudio documenta situaciones específicas de discriminación basada en género en el 39% de las agresiones. Una violencia que, en el 45% de los casos, viene ejercida por actores vinculados al Estado: cuerpos policiales, autoridades municipales, departamentales, provinciales, estatales, nacionales o federales e, incluso, fuerzas militares. Marusia concretaba que en Nicaragua y El Salvador existe una “narrativa represiva” con una violencia que procede del propio Estado al darse complicidad directa entre actores estatales y privados, quienes utilizan los recursos del Estado para reprimir: “Las fuerzas de seguridad se utilizan para proteger a las empresas extractivas; reprimir manifestaciones cuando estas hacen relieve en las vulneraciones a DDHH; al igual que se dan represiones en días como el 8M, en lugares donde el crimen organizado y el Estado son aliados”, y añadía: “En Honduras y México, en cambio, existe una política de simulación. Existen Programas de Defensión para las defensoras y organizaciones, pero no se aplican. El 19% de compañeras agredidas contaban previamente con medidas de prevención”.
Además de investigar quién ejerce la violencia, por medio del informe reflejan quiénes son las defensoras más agredidas. Los datos demuestran que en el 23% de los casos son las que luchaban contra alguna de las estructuras principales: derecho a la verdad, justicia y reparación. Con este dato se refieren, por ejemplo, a las Madres Buscadoras de México, que excavaban fosas clandestinas para encontrar a sus familiares; las Madres de Abril, asociación de Nicaragua; o las Madres Salvadoreñas, entre otras. En el segundo grupo están las defensoras del territorio, que defienden los bienes básicos y naturales que necesitamos como planeta. Y en tercer lugar, están quienes defienden el derecho a informar y a la expresión. Es decir, las comunicadoras que sacan a la luz lo que las grandes potencias no quieren que se sepa. “No es fácil recordar a nuestras compañeras, saber que ya no están con nosotras… pero nos toca no solo recordarlas sino honrarlas. (…) Nos las arrebataron, pero han florecido y siguen floreciendo en cada una de nuestras luchas colectivas”, aseguraba con tristeza y rabia Marusia.
“Nacemos en un contexto de muerte”, reafirmaba y continuaba Ángela Naranjo: “En Colombia, Antioquía y Medellín, muchas compañeras viven situaciones similares a las que ha relatado Marusia. Agresiones, asesinatos y hostigamientos a las lideresas”. Una situación que, desde el año 2013, está también atravesada por alteraciones del sueño, estrés, exceso de trabajo, rabia, conflictos familiares, malas relaciones con sus cuerpos, espiritualidad… y otras características que aumentan ese hostigamiento en un contexto de desatención entre el ambiente sociopolítico y la salud externa e interna de las mujeres. “Entendimos que había una falta de atención preventiva. Ni siquiera ellas eran conscientes de que sufrían daños psicosociales”, lamentaba Ángela. Es por ello que quisieron poner el foco en la movilización, la acción de prevención y el acompañamiento en los ámbitos psicosocial, psicojurídico, psicoespiritual, etc.
“Las redes salvan; me han salvado a mí. El cuerpo es sabio y cuando nosotras no sabemos, nos frena; pero se nos arruinaron los frenos con todo este ritmo de defensa. Por eso hacen falta redes que nos digan cuándo parar”, aseguraba con firmeza Dalila Argueta, que este año cumple cinco años de un exilio que, al inicio, iba a ser de sólo tres meses, pero se ha extendido porque no existe asilo capaz de protegerla, ya que lo mismo que le hizo venir aquí continúa esperándola allí. “Vivo con rabia, indignación, mucho dolor y duelos constantes. Y si duermo mucho, hasta me siento culpable”, exponía con tristeza al saber que los datos siempre quedan impunes y que, dentro de ellos, ella sólo es un número más, al igual que las compañeras asesinadas. “Los datos nos atraviesan. Son conocidas, familia…, tal vez no hemos convivido, pero somos familia colectiva porque defendemos lo mismo y en nuestro territorio somos el objetivo de los Gobiernos, con sus políticas falsas, que hablan de acompañamiento sin hacerlo, que no ponen en el centro la vida o a las comunidades sino el dinero. Es el capitalismo puro y duro disparándonos constantemente. En sus campañas hablan de ayudar a otros países en miseria, y son ellos quienes nos tienen en línea de fuego, enfrentando la bota y el cañón del militar”, sentenciaba con rabia. Aunque se trata de una rabia que se convierte en compromiso. “Allá no pedimos permiso para expresar nuestro derecho, tomamos el toro por los cuernos y decimos: aquí estamos, rebeldes, vivas y furiosas. Yo estoy viva porque el mecanismo de protección de la Iniciativa me escuchó y me sacó de allí. Hay que seguir replicando ejemplos de redes para seguir acuerpándonos”, aseguraba Dalila.
Desde IM-Defensoras entendieron que no necesariamente existen mecanismos que las cuiden o protejan en sus territorios, con lo que han tenido que aprender a cuidarse unas a otras. Para ello, siguen cuatro ítems. Primero, desnaturalizar las violencias patriarcales, despatriarcalizar los liderazgos, los vínculos o el cuidado, y dejar a un lado la lógica del capitalismo, la productividad o lo que denominan, la dictadura de la prisa. Segundo, sanación para la sana acción, acompañarse de la sabiduría ancestral para sanar los dolores tanto físicos como internos. Tercero, la importancia de las campañas comunicativas y de poner el cuidado dentro de las organizaciones, entendiendo que, para cuidarse, tienen que intencionar unos acuerdos, construir una estructura y establecer las políticas de la organización. Y, por último, tener siempre presente la formación de una alianza feminista para el buen cuidado de las mujeres.
