Por DavidBM
Erandio, 9 septiembre 2026 – Más de un centenar de familias afrontan el vencimiento progresivo de sus alquileres tras el cambio de propiedad de cerca de 150 viviendas en Tartanga. A las comunicaciones de no renovación se suman testimonios sobre visitas a domicilio, propuestas económicas para entregar las llaves y años de reparaciones pendientes. Los afectados se han organizado y reclaman a Mosaic que negocie nuevos contratos a precios justos.
10.000 euros por marcharse de casa. Y, ante el silencio del inquilino, 12.000. Esa fue la propuesta que, según relata a Ecuador-Etxea uno de los residentes afectados, recibió en la puerta de su vivienda de Erandio de una persona que se presentó como integrante de una empresa contratada por los propietarios.
El incremento fue inmediato. Ante la sorpresa del residente y la ausencia de una respuesta a la primera cantidad, asegura, la propuesta aumentó otros 2.000 euros en el mismo encuentro.
Pero no todos reciben las mismas cifras. ILU, otra de las vecinas afectadas, asegura que en su caso fueron 5.000 euros. Una persona se presentó sin cita previa en su domicilio y, según relata, comenzó a preguntarle cuántas personas vivían en la vivienda y cuáles eran sus ingresos. No intentó entrar ni fotografiar el interior, explica, pero sí solicitó información que considera muy personal. Posteriormente recibió otros contactos telefónicos con el mismo objetivo: que la familia se marchara antes de que finalizara su contrato.
Su relato introduce una dimensión hasta ahora menos visible del conflicto de Los Ochos, el conjunto residencial de Tartanga donde más de un centenar de familias afrontan un futuro incierto después de que las viviendas, anteriormente vinculadas a InmoCaixa, pasaran a manos de Mosaic Propco.
“Sabían todos nuestros datos”
La vecina vive en Los Ochos desde 2020 junto a su marido y su hijo, aunque los tres son de Erandio. Para ella, por tanto, la disputa no se reduce a conservar cuatro paredes.
“Tanto la casa como el barrio son los únicos hogares que hemos conocido”, explica.
En noviembre de 2025 recibió un correo electrónico en el que, según su testimonio, se le comunicaba que Mosaic era el nuevo propietario y que su contrato, con vencimiento el 29 de septiembre de 2026, no sería renovado. Pocos días después recibió una llamada con el número de cuenta en el que debía continuar abonando el alquiler.
Más tarde llegó la visita a su domicilio y la propuesta de 5.000 euros.
Hay un detalle de aquel encuentro que todavía le inquieta. Cuando se le pregunta qué información conocía quien contactó con ella —nombre, teléfono, domicilio o duración del contrato— su respuesta es rotunda: “Todos”.
La residente asegura haber recibido además dos llamadas en las que se le planteó dinero para abandonar anticipadamente la vivienda.
Los residentes vienen denunciando desde hace meses llamadas, visitas a domicilio y propuestas económicas. Los documentos difundidos por los afectados y LAB identifican a IMASS entre las empresas que han contactado con residentes y sostienen que existe presión para conseguir que abandonen los pisos.
Las cantidades relatadas, sin embargo, muestran que no existe necesariamente una única propuesta para todos: 5.000 euros en el caso de esta familia y hasta 12.000 en otros testimonios recabados por este medio.
Contrato a contrato, puerta a puerta
No existe una fecha única en la que todas las familias deban marcharse. El problema avanza de una manera menos visible: contrato a contrato y puerta a puerta.
Cada arrendamiento tiene fechas diferentes y algunos residentes ya han recibido comunicaciones de no renovación. El representante de los vecinos, Iñigo Alonso, ha descrito públicamente esta situación como un “goteo”.
El vencimiento de un contrato, en cualquier caso, no equivale automáticamente a un desahucio. Cada situación dependerá de las condiciones contractuales y, en su caso, de los procedimientos legales correspondientes. Los afectados, sin embargo, temen que las no renovaciones terminen provocando su salida progresiva de los edificios.
De ahí que hayan decidido organizarse. Han celebrado asambleas, cuentan con el respaldo de LAB y han emprendido una estrategia judicial colectiva para defender los derechos que consideran vulnerados.
Su mensaje público trata precisamente de impedir que el problema se fragmente en decenas de casos individuales. Cada familia tiene una situación diferente, pero la reivindicación colectiva es común: poder seguir viviendo en Los Ochos mediante nuevos contratos de alquiler en condiciones que consideren justas.
Una familia que no sabe si podrá seguir viviendo en su pueblo
El testimonio de esta familia permite medir el conflicto más allá de las fechas de vencimiento.
Todavía no han comenzado a buscar otra vivienda. La experiencia cercana tampoco invita al optimismo: la afectada relata que un amigo, ajeno a Los Ochos, necesitó casi seis meses para encontrar un piso y finalmente tuvo que recurrir a otra persona para poder cumplir las condiciones económicas exigidas.
Pero marcharse tendría consecuencias que van mucho más allá del precio.
La residente explica que un eventual traslado afectaría al trabajo, a su red familiar y a su vida cotidiana. Sobre todo, podría dificultar los cuidados que presta a dos familiares con movilidad reducida.
La incertidumbre ya ha entrado también en su propia casa.
Viven tres personas: ella, su marido y su hijo. “Hablamos menos porque estamos todo el rato pensando en qué va a pasar, en si vamos a poder seguir viviendo en el mismo piso o, peor aún, en el mismo pueblo”, relata.
La familia ha cambiado incluso su manera de gastar. Mientras desconoce qué ocurrirá después de septiembre, asegura que han paralizado proyectos y reducido los desembolsos: “En estos momentos no gastamos más que lo justo y necesario”.
Es quizá ahí, lejos de los fondos de inversión y de las operaciones inmobiliarias, donde el conflicto adquiere su dimensión más cotidiana: familias que comienzan a reorganizar su economía y sus planes meses antes de saber si tendrán que marcharse.
Reparaciones pendientes durante años
A la incertidumbre sobre los contratos se suma otra queja compartida por varios residentes: el mantenimiento de las viviendas.
La misma afectada relata una larga sucesión de problemas con goteras y daños en paredes, suelo, rodapiés y un armario. Afirma que durante años reclamó reparaciones a InmoCaixa y que recibía reiteradamente la misma respuesta: que trasladarían la incidencia al departamento correspondiente.
Una de las filtraciones obligó a sustituir el suelo del salón y parte del pasillo, pero no el del resto de la vivienda, por lo que, explica, quedaron dos pavimentos diferentes.
Su experiencia encuentra eco en otros residentes.
“Yo llevo desde 2011 viviendo aquí. Todos los problemas originados en la vivienda nunca los han atendido”, relata otro afectado, que enumera incidencias relacionadas con el fregadero, la caldera o las persianas. Según su testimonio, las anteriores gestoras atribuían determinados desperfectos al uso y las reformas importantes se realizaban fundamentalmente cuando cambiaban los inquilinos.
Otro residente asegura llevar dos años con el suelo deteriorado. La reparación, afirma, estaba pendiente cuando se produjo el cambio de propietario. Ahora sostiene que Mosaic le solicita pruebas de aquella incidencia, pero asegura que las reclamaciones se realizaban mediante la plataforma digital de InmoCaixa y que no conserva documentación suficiente para acreditarlas.
“Como todo lo hacíamos en la plataforma de InmoCaixa, ¿qué pruebas tengo?”, se pregunta.
Los testimonios no permiten determinar por sí solos el alcance general de los problemas de mantenimiento en el conjunto residencial, pero sí revelan una preocupación añadida entre algunos afectados: qué ocurre con las reparaciones comunicadas al anterior propietario que continuaban pendientes cuando las viviendas cambiaron de manos.
De 240.000 a 340.000 euros
Aunque la reivindicación colectiva de la plataforma se centra en renovar los contratos de alquiler a precios justos, las circunstancias personales no son idénticas y algunas familias estarían dispuestas a adquirir sus viviendas si pudieran hacerlo en condiciones asumibles.
El caso de esta vecina vuelve a ser significativo.
Según relata, InmoCaixa le ofreció anteriormente adquirir su vivienda por 240.000 euros y le concedió un mes para responder. La familia comunicó su decisión dentro del plazo, asegura, pero posteriormente dejaron de recibir noticias. Después llegó el correo que les informaba de que Mosaic era el nuevo propietario.
Ahora, afirma, la cifra que se les ha trasladado para comprar el mismo piso es de 340.000 euros: 100.000 euros más.
La familia no descarta adquirirlo, aunque reconoce que hacerlo a ese precio supondría enormes dificultades.
La afectada sostiene además que debería poder ejercer los derechos de adquisición que considera que le corresponden como arrendataria. La existencia y aplicabilidad concreta de esos derechos es una cuestión jurídica que deberá determinarse atendiendo a las circunstancias de la transmisión y de cada contrato, por lo que la posición de la vecina no equivale por sí misma a que ese derecho haya sido reconocido.
Su petición, en cualquier caso, es sencilla: si no puede acceder a la vivienda en las condiciones que reclama, pide al menos poder negociar un precio asumible.
“Para ellos son un negocio; para nosotras, nuestros hogares”
La organización de las familias afectadas ha permitido articular una posición común frente a un conflicto que, hasta entonces, avanzaba de forma individual a medida que vencían los contratos. Para los residentes, lo que ocurre en Tartanga no puede reducirse únicamente a una relación contractual entre propietario e inquilino.
“Para ellos estas casas son un negocio más; para nosotras son nuestros hogares”, sostienen los afectados, que consideran que sus viviendas están siendo tratadas fundamentalmente como activos inmobiliarios mientras para quienes residen en ellas constituyen el centro de su vida familiar y comunitaria.
Esa posición colectiva no significa que todas las familias quieran exactamente la misma solución. Algunas estarían dispuestas a comprar si pudieran hacerlo a un precio asumible. Otras quieren continuar como arrendatarias. El punto de encuentro entre unas y otras es la voluntad de permanecer en Los Ochos.
Por ello, la principal reclamación dirigida a Mosaic es que se siente a negociar la renovación de los contratos de alquiler a precios que las familias consideran justos, dejando también abierta una vía para quienes quieran y puedan adquirir las viviendas.
Los afectados rechazan además que su situación se interprete exclusivamente como una consecuencia de la falta de vivienda disponible. Su planteamiento parte de una evidencia mucho más inmediata para ellos: ya tienen una vivienda y quieren continuar viviendo en ella.
“Que no nos digan que no hay casas. Sí las hay, las nuestras”, reivindican.
También reclaman una mayor implicación de las instituciones públicas y siguen con atención el proceso para que Erandio sea declarado zona de mercado residencial tensionado, una medida que consideran parte de las herramientas que podrían contribuir a afrontar el problema de acceso y permanencia en la vivienda.
Pero, por encima de las diferentes situaciones económicas, contractuales y familiares, los residentes han convertido una idea en el centro de su movilización: no quieren que cada vencimiento se transforme silenciosamente en una nueva salida del edificio.
De ahí el lema con el que han comenzado a hacerse visibles:
“Nos quedamos en Los Ochos”.
Detrás de esas palabras hay más de cien situaciones diferentes. Una familia teme que marcharse le impida seguir atendiendo adecuadamente a dos familiares con movilidad reducida. Otra lleva años reclamando reparaciones. Otra intenta demostrar una incidencia registrada en una plataforma que ya no controla. Algunas aceptarían comprar; otras quieren continuar alquilando.
Lo que las une no es una única fórmula para resolver el conflicto, sino la negativa a asumir que la única salida sea abandonar el lugar en el que han construido sus vidas.
Y mientras las familias se organizan, reclaman una negociación y esperan saber qué ocurrirá con sus contratos, a algunas puertas ya han llamado con una propuesta económica para que esa salida se produzca antes.
En un domicilio fueron 5.000 euros. En otro, 10.000.
Y, ante el silencio del inquilino, 12.000.
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