Por David BM
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria ha vuelto a concentrarse esta mañana para trasladar dos mensajes fundamentales: la convocatoria de una gran manifestación estatal en Madrid el próximo 25 de octubre y la denuncia pública de la sentencia que archiva su demanda contra el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por obstaculizar una Iniciativa Legislativa Popular.
Desde hace más de siete años, las plataformas, coordinadoras y movimientos pensionistas del Estado han mantenido una movilización constante en las calles para exigir pensiones públicas dignas y suficientes. A pesar de algunas conquistas -como la revalorización vinculada al IPC-, la amenaza de nuevos recortes sigue vigente, con decisiones gubernamentales que comprometen el sistema público.
El pasado enero, los partidos PSOE, Sumar, ERC, PNV, CC, UPN y PP aprobaron el decreto 11/2024, abriendo la puerta a que las personas pensionistas se vean obligadas a prolongar su vida laboral para combinar empleo precario con pensiones insuficientes. A esto se suma la decisión de aumentar el gasto militar hasta el 5% del PIB, lo que anticipa recortes en servicios públicos y pensiones.
Ante este escenario, se ha anunciado una gran movilización en Madrid el 25 de octubre de 2025, con recorrido desde Atocha hasta la Puerta del Sol (12:00h), donde se exigirá:
- Pensión mínima igual al Salario Mínimo Interprofesional.
- Eliminación de la brecha de género.
- Auditoría de las cuentas de la Seguridad Social (Ley 21/2021).
- Revalorización de pensiones según el IPC real.
- No a la privatización ni a los planes de pensiones de empleo.
- Jubilación anticipada sin penalización a los 40 años cotizados.
- Ni un euro más para armamento ni para la guerra.
Convocan: COESPE, EHPM, MADPP, MODEPEN, UNIDAD COESPE y plataformas de pensionistas de todo el Estado.
Una sentencia que indigna
En paralelo, el movimiento ha criticado con dureza la decisión del Juzgado Contencioso Administrativo nº 4 de Vitoria-Gasteiz, que ha archivado la demanda presentada el 24 de febrero contra el Ayuntamiento por vulneración del derecho fundamental a la participación ciudadana.
Los hechos se remontan a la campaña impulsada por el Movimiento de Pensionistas para registrar en el Parlamento Vasco una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que equipare las pensiones mínimas al Salario Mínimo Interprofesional. Según los pensionistas, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz bloqueó sistemáticamente la difusión y recogida de firmas.
Mientras otros ayuntamientos de la CAV colaboraron activamente, el de Vitoria trató la ILP como si fuera una iniciativa privada sin respaldo legal, denegando el uso de espacios públicos, impidiendo charlas, y prohibiendo incluso que el secretario municipal actuara como fedatario, tal como marca la ley. La negativa a permitir charlas en centros de mayores, con el argumento de que «podían influir en los usuarios», fue calificada como paternalista y edadista.
El archivo de la causa -pese a que las 145.142 firmas ya han sido presentadas en el Parlamento- ha sido recibido como un acto injusto y decepcionante. Los pensionistas y el Ministerio Fiscal solicitaban una sentencia que dejara precedente jurídico, ya que la cuestión de fondo aún no ha sido resuelta.
“La Justicia, una vez más, actúa como telaraña: atrapa a los débiles y deja pasar a los poderosos”, señalaron desde el movimiento. A pesar de todo, mantienen su determinación. “Este gobierno municipal debe sustituir la burocracia por cercanía al pueblo que representa, y cumplir las leyes sin que haya que reclamárselo en los tribunales.”
