Por David BM
Mientras sindicatos, partidos y pancartas conmemoran hoy el Día Internacional del Trabajo, miles de trabajadoras de hogar y cuidados —en su inmensa mayoría mujeres migrantes— continúan atrapadas en jornadas laborales que duplican las famosas “ocho horas” por las que murieron los mártires de Chicago.
En pleno debate sobre la reducción de la jornada semanal a 37,5 horas, más de medio millón de mujeres trabajan muy por encima de ese umbral en los hogares del Estado español. Muchas de ellas como internas, una figura legal que oculta —bajo apariencia de normalidad— un sistema de explotación estructural con sesgo de clase, género y origen.
Según los datos recogidos por organizaciones como Malen Etxea, SEDOAC y EMFZS, el 88% de quienes desempeñan este trabajo son mujeres, y el 70% son extranjeras. La situación que describen es cruda: 4 de cada 5 internas no recibe compensación por horas extra, la mitad solo descansa un día y medio a la semana, y el 58% trabaja más de 60 horas semanales cobrando menos de 1.050 euros al mes.
“A más horas, menos salario. Lo contrario que en cualquier otro sector. Esta es la lógica que se impone en el trabajo doméstico y de cuidados”, denuncian.
Las consecuencias de esta precariedad no solo afectan al presente: también hipotecan el futuro. El 63% de las pensiones de jubilación en este sector requieren complementos mínimos, lo que para muchas migrantes significa la imposibilidad de mantener ingresos si retornan a su país. A esto se suma que el 3% de las trabajadoras de hogar extranjeras siguen activas pasados los 65 años, más del doble que en otros sectores.
Hoy, 1 de mayo, las trabajadoras organizadas vuelven a alzar la voz para exigir el fin del régimen especial de empleadas del hogar y su inclusión plena en el Estatuto de los Trabajadores. Entre sus principales demandas están:
– La erradicación del modelo de interna, por vulnerar sistemáticamente derechos humanos.
– El reconocimiento del paro retroactivo y la aplicación del registro horario obligatorio.
– Equiparar indemnizaciones por despido y establecer coeficientes que permitan adelantar la jubilación con justicia y perspectiva de género.
– Y algo tan básico como reconocer el hogar como centro de trabajo, donde deben cumplirse todos los derechos laborales.
“Queremos nuestros derechos, los queremos YA”, proclaman en su comunicado, firmado por colectivos de todo el Estado, desde Valencia, Barcelona o Murcia, hasta Navarra, Sevilla y Galicia.
Mientras España presume de avances laborales y derechos sociales, este 1 de mayo sirve para recordar que hay trabajadoras que siguen en la sombra, cuidando vidas mientras nadie cuida de las suyas.
