Reportajes

Por DavidBM

Erandio, 30 septiembre 2026 – El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (EHPM/MPEH) ha presentado este miércoles en Bilbao un plan de choque para el sistema de cuidados de Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa. Ha elegido para hacerlo la víspera del Día Internacional de las Personas Mayores, que se celebra este jueves. La propuesta parte de una pregunta: el sistema de cuidados, ¿nos cuida? Tras constatar con su propia experiencia las insuficiencias del sistema, la respuesta del colectivo es clara. «Los centros de atención a la dependencia no pueden ser almacenes de personas que esperan se acaben sus últimos días», ha advertido en la rueda de prensa, celebrada en la Ganbara, el ático del edificio de La Bolsa.

Según el diagnóstico del MPEH, los cuatro territorios tienen diferencias, pero comparten graves deficiencias estructurales. El derecho a los cuidados depende de la cartera de servicios y de la disponibilidad presupuestaria, la gestión se ha privatizado de forma masiva y la inversión pública es insuficiente y va en su mayor parte a conciertos con entidades privadas. Los pensionistas aportan cifras: el 91% de las plazas residenciales de la CAV están gestionadas por entidades privadas, y en Navarra el 80%. El gasto en cuidados de larga duración se sitúa entre el 1,2% y el 1,4% del PIB en la CAV y entre el 1,1% y el 1,3% en la Comunidad Foral, por debajo de la media europea, que ronda el 1,7-1,8%.

Las consecuencias, sostiene el colectivo, se repiten desde hace años: listas de espera largas, ratios de personal que no garantizan la calidad asistencial, salarios de miseria, cargas de trabajo imposibles y cuidados no remunerados que recaen sobre todo en las mujeres. A eso se suma el coste de unos servicios escasos y sujetos a copago. El documento advierte de que estas condiciones favorecen el trato deshumanizado, la soledad no deseada y un mayor riesgo de maltrato. «Estamos en una situación de emergencia que requiere medidas de emergencia», afirma el MPEH.

Tres meses como máximo

El plan fija objetivos concretos. El primero es acabar con las listas de espera: un máximo de tres meses entre la solicitud y el acceso al servicio, con la prestación reconocida desde el día en que se pide la valoración de la dependencia. Para la ayuda a domicilio, el MPEH reclama alcanzar seis horas diarias en el grado 1, 10 en el grado 2 y 24 en el grado 3.

En cuanto a las residencias, pide centros públicos y comunitarios cercanos al domicilio, con un máximo de 40 personas, una enfermera o enfermero presencial las 24 horas y cinco plazas por cada 100 mayores de 65 años, como recomienda la OMS. También plantea dos inspecciones anuales sin previo aviso y un registro accesible para las familias con la ratio real de personal, las quejas y los resultados de las inspecciones.

«Nadie debería hacer negocio con nuestra salud y nuestras vidas», defiende el colectivo, que exige ni una sola privatización más y un proceso para revertir los servicios ya privatizados. Para financiarlo, propone que diputaciones forales, Gobierno de Navarra y ayuntamientos comprometan partidas plurianuales hasta dedicar el 2,5% del PIB a cuidados de larga duración en 2029. Reclama además limitar el copago y la convergencia del sistema de cuidados con Osakidetza y Osasunbidea.

Mujeres migradas y sin papeles

La propuesta dedica un apartado a quienes cuidan. El MPEH pide equiparar los salarios y condiciones del sector con los de los servicios de gestión pública directa. Recuerda que el trabajo de hogar y de cuidados remunerado no tiene las mismas condiciones que el régimen general y que lo realizan en gran parte mujeres migradas, muchas de ellas sin papeles. Por eso reclama acabar con la Ley de Extranjería, regularizar su situación y exigir contratos con jornada, horario, descansos y salario neto en 14 pagas. Plantea también un permiso retribuido de hasta seis meses para cuidar a un familiar con dependencia severa.

Los pensionistas presentan el plan como una propuesta abierta y mejorable. Con ella quieren abrir un espacio de encuentro con sindicatos, organizaciones sociales, partidos e instituciones. «Los derechos y la dignidad de las personas no caducan con la edad», recuerdan. Ahora esperan que los gobiernos de la CAV y Navarra, las diputaciones y los ayuntamientos den respuesta a unas demandas que consideran improrrogables.