Por Laura Fontalba
El movimiento de pensionistas ha celebrado que, este 2025, las pensiones con carácter general se incrementarán en la Ley 21/2021 un 2’8%; un aumento al que se han referido como «insuficiente», pero que, aun así, valoran positivamente por ser «una victoria» del movimiento de pensionistas.
Concentrados ayer ante el Ayuntamiento, recordaron que este aumento, aunque favorecedor, no conseguirá recuperar el poder adquisitivo que han perdido desde la reforma de pensiones de 2011. Según los datos del INE, en 2024, el IPC general ha sido de un 2’4% y el IPC medio, de un 2’8%. La Ley obliga a aplicar en la subida de las pensiones el IPC medio, con lo que la recuperación del poder adquisitivo se reducirá a un 0’4%. «De 2011 a 2021, ambos años incluidos, las pensiones han visto reducido su poder adquisitivo un 7’32%», lamentaba el movimiento.
Esta pérdida del poder adquisitivo también afecta a las pensiones mínimas, que el movimiento lucha por equiparar al 100% del SMI. A lo largo de los años, estas han pasado de suponer el 90% del SMI a suponer el 72% de este. En lugar de continuar su aumento equiparándolo a este criterio, con el RDL 2/2023 se sustituirá la referencia del SMI por el umbral de pobreza. Es decir, se pretende que en 2027, las pensiones mínimas alcancen el 100% del umbral de pobreza para pensionistas mayores de 65 años, no del SMI. El movimiento denunció que esta decisión cronificará la insuficiencia de ingresos para las personas mayores, deteriorando año tras año sus condiciones de vida al dificultarles acceder al derechos básicos fundamentales como la salud, alimentación sana, vivienda confortable, integración social y servicios de cuidados y atención a la dependencia de calidad. «Aunque suban las pensiones mínimas contributivas y no contributivas un 6%, una persona de 65 o más años con pensión contributiva recibirá 864 euros; y las no contributivas, 549 euros. ¿Quién puede vivir con esos ingresos?», se preguntaba Jon Fano.
Bajo este contexto, pensionistas demandaron la recuperación del poder adquisitivo de las pensiones por medio de la recuperación de la paga compensatoria vigente hasta la reforma de 2011; pero también una revisión del concepto de «coste de vida» para ajustar así «más eficientemente» el IPC a la situación socio-económica de las personas. Para acercarse a ese objetivo, anunciaron que, a partir de enero, comenzarán a recoger firmas a favor de la reciente ILP presentada ante el Parlamento.
Derecho a la vivienda
Durante la concentración, Jon Fano recordó que, el pasado sábado, una manifestación con más de 8000 personas recorrió las calles de Bilbao por el derecho a una vivienda digna; y contra fondos buitre, bancos y propietarios que establecen unos precios de alquiler «muy por encima» de lo que deberían.
Relató cómo la mayoría de participantes fueron personas jóvenes, parejas con niños y niñas pequeñas, y personas migrantes, porque es a esos sectores a quienes afecta fundamentalmente no poder acceder a un alquiler mínimamente sostenible ni a la propiedad de una vivienda. «A nosotros no nos afecta tanto esto, (…) pero la mayoría de todos nosotros tenemos hijos, hijas, nietos, nietas… que permanecen en casa hasta tener 30 o más años porque no pueden acceder a los alquileres o a créditos», lamentaba y añadía: «Mostramos nuestra solidaridad a la exigencia de una vivienda en condiciones dignas».
