Reportajes

Por Laura Fontalba

El Movimiento de Pensionistas de Aiaraldea y de Bizkaia, junto a otros ciudadanos y ciudadanas usuarias de la línea C-3 de Renfe que pasa entre Orduña y Bilbao se manifestaron el lunes para denunciar que dicha línea carece de un acceso apropiado para personas con movilidad reducida u otras dificultades.

Al grito de ¡Por un ferrocarril público y social! o ¡Estaciones sin limitaciones!, se movilizaron desde el Ayuntamiento de Bilbao, deteniéndose ante la estación de Renfe (Abando), hasta terminar ante la subdelegación del Gobierno del Estado, para entregar una carta al ministro de Movilidad y Transportes Óscar Puente, a quien solicitaban que este problema de carácter social sea «atendido y resuelto».

Por medio del escrito, hacían hincapié en que la mayoría de Ayuntamientos de los municipios por los que esta línea pasa (Orduña, Amurrio, Laudio, Ugao-Mirabellas, Arrigorriaga, Basauri y Bilbao) han aprobado mociones a favor de esta demanda; e incluso destacaban que la alcaldesa de Arrigorriaga había contactado con un responsable de Renfe para plantearle la necesidad de resolver el problema. Responsables de Renfe, por su parte, han asegurado que se están llevando a cabo adecuaciones para solventarlo, aunque pensionistas lamentaban que «todo parece indicar que esas medidas de adecuación pueden durar muchos meses, incluso años».

Con esta espera cada vez más «preocupante», solicitaban al ministro que atienda esta demanda, no sólo en la línea C-3, sino en todo el País Vasco y el Estado español en su conjunto, donde se repiten las mismas situaciones. «Esperamos que se tenga en cuenta esta solicitud y a la mayor celeridad posible se de una repuesta positiva de solución a este problema», indicaban esperanzados.

Aunque el lunes también destacó por una buena noticia: la aprobación de llevar a trámite la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que el movimiento registró en el Parlamento de la CAV. Según el Informe de los Servicios Jurídicos de la Cámara, la Mesa del Parlamento Vasco concluyó su aprobación al considerar que: La ILP cumple con los requisitos establecidos en la Ley 10/2016 de 30 de junio; y se ajusta al ámbito competencial de la CAV y no incurre en ninguna de las causas de inadmisión previstas en la Ley 10/2016.

«Hemos dado un paso imprescindible para conseguir que el Parlamento de la CAV y el de Navarra se comprometan con una de nuestras reivindicaciones fundamentales; mejorar sustancialmente los ingresos mínimos de las personas pensionistas para tener la oportunidad de disfrutar de unas condiciones de vida dignas», celebraba el movimiento que, ahora, espera que la ILP sea «la segunda gran batalla a ganar».