– El Servicio Vasco de Empleo hace pagar los errores burocráticos a los perceptores de RGI.
– Castiga a las familias con la retención y exigencia de devolución de miles de euros por el mal funcionamiento del organismo público.
– Este mismo martes 10 de diciembre se celebra un juicio tras una demanda de V.H.B., un vecino de Bilbao, al que Lanbide ha quitado 3.000 euros por mala gestión del propio servicio público.
– Asociaciones contra la pobreza y la exclusión acusan a Lanbide de incumplir la legislación, los procedimientos y reglamentos de gestión y acceso a las ayudas sociales.
– La justicia ha condenado en 244 ocasiones a Lanbide en los últimos 30 meses, hasta junio de 2019. En el primer semestre de 2019 se ha registrado cada mes cerca de una decena de sentencias contrarias al Servicio Vasco de Empleo.
Los colectivos contra la exclusión social se han manifestado ante las oficinas del Servicio Vasco de Empleo-Lanbide en el barrio bilbaíno de Santutxu en protesta porque la institución “intenta encubrir su incompetencia e irregular funcionamiento” eliminando y reduciendo ayudas sociales a las familias en situación de pobreza y precariedad.
La movilización se ha producido con motivo de la celebración, este mismo 10 de diciembre, del juicio por la denuncia que ha presentado V.H.B., un vecino de Bilbao, de 48 años y trabajador en situación de precariedad. En concreto, Lanbide ha hecho pagar a la víctima casi 3.000 euros que el servicio de empleo gestionó incorrectamente. La actuación de la institución pública se ha producido además incumpliendo las leyes, según afirman las asociaciones contra la pobreza.
En este caso, Lanbide ha forzado al perjudicado a devolver exactamente 2.965,72 euros de los llamados ‘incentivos al empleo’, un complemento mensual para los ciudadanos que tienen empleo en situación de precariedad y bajos ingresos.
El trabajador cumplió todos los requisitos para recibir este complemento pero el Servicio Vasco de Empleo no realizó el seguimiento que debía. Así, el solicitante entregaba cada mes su nómina para que la ayuda social se ajustara al importe del salario, sin embargo, Lanbide ignoró durante tres años los documentos y no los evaluó, como era su obligación. De este modo, debido a la actuación de Lanbide, el importe de la ayuda se mantuvo estable aunque tenía que haber variado.
A pesar de que la responsabilidad es del organismo público, por su “deficiente gestión”, ha hecho pagar el error a la víctima, que ha devuelto los 3.000 euros y ahora, en los tribunales, reclama por la actuación “incompetente e irregular” de Lanbide.
Las entidades sociales han destacado que además la exigencia de reintegro del dinero se ha producido pese a que, de acuerdo a las leyes, el caso había prescrito. La normativa señala que las Administraciones públicas pueden revisar expedientes de hasta cuatro años atrás y en esta ocasión Lanbide ha reclamado dinero de 2011 y 2012, así como 2013, aunque el expediente se abrió en 2017 y aunque sólo se justifican los errores de cálculo de 2011.
Las asociaciones contra la exclusión social han advertido, ante este nuevo episodio, que “Lanbide vulneran los derechos, legislación, procedimientos y reglamentos de gestión y acceso a las prestaciones sociales”.
“Aunque en los últimos 30 meses Lanbide ha sido condenado por los tribunales en 244 ocasiones, sigue con su política de malas prácticas aplicadas a las familias con mayores dificultades para llegar a fin de mes y apostando por vulnerar los derechos sociales de las personas que sufren en la actualidad las situaciones de pobreza y precariedad, principalmente mujeres con menores a cargo”, han subrayado estos colectivos sociales.
Las plataformas en defensa de los derechos sociales han lamentado, así mismo, que “todo este proceso legal es un auténtico calvario: desde las dificultades que supone emprender acciones legales contra la Administración, la demora de las causas judiciales, que los juicios contra Lanbide se celebren en el palacio de justicia de Vitoria-Gasteiz o los meses que tarda el Servicio Vasco de Empleo en acatar las sentencias dictadas en su contra”.
“Estas circunstancias conducen a decenas de familias a renunciar a demandar a Lanbide o a que una vez iniciado el proceso se retiren del mismo. Son muchos meses sin disponer de recursos económicos para poder sobrevivir”, explican los colectivos.
Berri-Otxoak surgió en Barakaldo hace 27 años, en 1992, y en sus tres décadas de existencia ha destacado por sus movilizaciones por el derecho a una vivienda digna, contra la especulación y los desahucios, y contra los recortes, la precariedad y la pobreza. El colectivo mantiene además desde el 17 de noviembre de 1997 una oficina de información sobre ayudas sociales, por la que han pasado más de 12.000 familias.
Posada de los Abrazos es una asociación sin ánimo de lucro de Bilbao, para la lucha contra la exclusión social, que ha sido merecedora del Premio Emakunde a la Igualdad 2013. Nacida en 2003, su labor se centra en la defensa y construcción de un modelo de convivencia sin categorizaciones ni exclusiones, libre de cualquier forma de violencia machista, que promueva una sociedad igualitaria en derechos y oportunidades en referencia al género, la edad o la cultura, como aspectos fundamentales, fortaleciendo a tal efecto el trabajo en red entre asociaciones y movimientos sociales.
