Con información de SATSE, ELA, LAB, SME, CCOO y UGT
La precariedad laboral sigue siendo unos de los grandes problemas de nuestra sanidad pública: una tasa de temporalidad que supera el 50%; una pérdida de poder adquisitivo superior al 20% en una década; sobrecarga sistemática de trabajo; escasez de plantilla; falta de sustituciones y de cobertura de vacantes; recortes en condiciones laborales como el recorte radical e injustificado que se quiere aplicar en el Desarrollo Profesional, etc…
Paralelamente se mantienen recortes como los aplicados en los PACs de Deusto, Zumarraga o San Martín; o en las urgencias del Hospital Santiago; así como el proyecto de cierre de cirugía cardíaca de Basurto. Además, los recortes en Atención Primaria son ya una constante en los periodos vacacionales. Estamos ante problemas estructurales que afectan a todas las categorías de Osakidetza y a los tres territorios.
Cabe subrayar que la situación de la Atención Primaria es especialmente precaria. Debemos recordar que este colectivo ya salió a la huelga en el año 2019 para denunciar la situación límite que padecían entonces. La situación no ha hecho más que empeorar en estos tres años. Es evidente, además, que en la medida que Osakidetza es una red, tal y como repite la consejera de manera reiterada, esa situación de la Atención Primaria afecta directamente a otros niveles asistenciales como las Urgencias Hospitalarias, en las que cada vez existe una sobrecarga mayor.
Entre tanto, la Mesa Sectorial sigue totalmente bloqueada. Osakidetza no tiene capacidad de decisión y el Departamento de Salud no ha atendido ni una sola de las reivindicaciones de la parte social y ni siquiera ha contestado a las propuestas de los sindicatos tras la reunión mantenida el 7 de diciembre. Pretende, además, utilizar la Mesa Sectorial para aparentar una negociación que no existe haciendo caso omiso a las movilizaciones impulsadas antes del verano: manifestaciones multitudinarias, secundadas masivamente tanto por la plantilla como por la ciudadanía, y cuatro jornadas de huelga.
El Departamento de Salud sigue tomando decisiones que ahondan en la senda del desmantelamiento de nuestra sanidad pública. Para el ejercicio 2023, el presupuesto dedicado a Sanidad es 20 millones de euros inferior a la cantidad efectivamente gastada en 2022; parece que, a ojos del Gobierno Vasco, este año 2023, las necesidades son menores que el año pasado. Además, ha eliminado la partida destinada a las necesidades derivadas del COVID. Pero, al tiempo que elimina ese refuerzo económico, alega que la precarización del servicio que se ofrece a la ciudadanía es consecuencia directa de la pandemia.
La asistencia sanitaria que se ofrece a la ciudadanía es cada vez menos accesible y de peor calidad. Las citas en Atención Primaria tienen una importante demora y en ocasiones no está garantizada la presencialidad; el cierre o la restricción de horarios de los PACs obliga a los y las pacientes a hacer mayores desplazamientos, lo que coloca a colectivos vulnerables en una situación cada vez más delicada; la espera media en las Urgencias Hospitalarias es de 5 horas y de hasta dos días para ingresar en planta tras ser atendido; el número de pacientes en espera para una consulta externa se ha multiplicado por 6 en 6 años; el de aquellos en espera de una prueba diagnóstica se ha duplicado desde 2019; y las listas de espera quirúrgicas han aumentado un 36% en tres años; Osakidetza ha reconocido hasta 11 meses de retraso en los cribados del cáncer de mama y un mes de espera para los pacientes con cáncer que deben ser operados.
Una de las consecuencias del desmantelamiento de Osakidetza es, sin duda, el aumento de la contratación de seguros privados de salud, que en casos como el de Bizkaia, alcanza ya a 1 de cada 3 ciudadanos.
