Ante la falta de respuesta satisfactoria y adecuada por parte del Gobierno Vasco, del resto de instituciones y de los partidos políticos, los sindicatos ELA, LAB, CCOO, SATSE, STEILAS y ESK, ya ante la dramática situación que viven los servicios públicos de la CAPV, han decidido realizar esta jornada de huelga en la que han participado todos los ámbitos que conforman el sector público como Ayuntamientos, Diputaciones, Osakidetza, Educación, Administración General, Justicia, Transporte Público, Medios de Comunicación públicos y resto de sectores, para poner de manifiesto que ni el Gobierno Vasco, ni el resto de instituciones, ni tampoco los diferentes partidos políticos, han dado paso alguno para poner fin al grave problema de la temporalidad y de la destrucción de empleo público que soporta el sector público en su totalidad.
Consideran también que la creación de empleo público y la exigencia de consolidación de los miles de trabajadores y trabajadoras del sector público que, siendo temporales durante años (llegando incluso a jubilarse en situación de temporalidad), sacan adelante a diario los servicios públicos, y cuyo esfuerzo e implicación ha sido imprescindible para hacer frente a la actual pandemia. “Es una reivindicación imprescindible para hacer frente a las políticas de recortes, austeridad, privatizaciones, precarización de las condiciones laborales, destrucción de empleo público y debilitamiento sistemático y continuado de nuestro sector público puestas en marcha en los últimos años”, han asegurado.
Por otra parte, insisten en que los niveles de temporalidad que existen en la práctica totalidad de las administraciones son inaceptables. El propio Gobierno Vasco ha reconocido que el sector público tiene la mayor tasa de temporalidad del Estado español y de Europa. La tasa supera el 40% y no es una excepción, sino una realidad que se repite de forma sistemática, generalizada y en muchos casos fraudulenta en todas las administraciones, sectores y ámbitos.
Los sindicatos ELA, LAB, CCOO, SATSE, STEILAS y ESK consideran que es urgente dar una solución satisfactoria a esta situación, solución que sin duda no ofrecen los proyectos legislativos que están encima de la mesa y que, además de ser insuficientes, han resultado fallidos a la vista del pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que ha fallado en contra.
