Por Laura Fontalba
Hoy, 18 de diciembre, Día Internacional de las Personas Migrantes, desde el movimiento Regularización Ya han exigido la aprobación de la ILP que demanda la regularización de más de medio millón de personas que viven y trabajan en España en situación administrativa irregular, pues es «el único mecanismo de democracia directa que garantizaría el acceso a derechos».
Esta ILP nació del movimiento social de base migrante y fue apoyada en su momento con más de 700 mil firmas recolectadas a pie de calle. Cuatro años después, lamentan que el Gobierno presente como propios los «avances en materia migratoria», mientras la realidad es que, ayer, la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso se reunió para «trabajar» en las enmiendas de la ILP y no hizo ningún avance. «Hasta ahora, ni las izquierdas ni las ONGs que dicen luchar por los derechos humanos han estado a la altura de las organizaciones migrantes de base para defender la ILP. No lo ha hecho el PSOE y tampoco los partidos autonómicos como Junts o PNV que impiden que se apruebe nuestra demanda», han denunciado y añadido: «Es imperativo que todos los partidos que mencionan los Derechos Humanos, la Justicia Social y la Solidaridad en sus programas electorales consigan que esta Propuesta de Ley sea debatida y aprobada en el Pleno del Congreso».
En el actual contexto de catástrofe climática, el avance de la extrema derecha o la firma del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, el movimiento ha recordado que «no podemos llegar a 2025 con miles de personas desprovistas de derechos básicos». De hecho, la reciente catástrofe sucedida por la DANA, al igual que ocurrió durante el COVID, ha vuelto a demostrar cómo se deja atrás a las personas migrantes en situación administrativa irregular, pues no se ha planteado que aquellas personas en situación administrativa irregular afectadas por la DANA que se encontraran residiendo o trabajando en zonas críticas puedan acceder a una «autorización residencial temporal»; ni tampoco al acceso a las ayudas públicas dirigidas a personas afectadas por la catástrofe, pues para ello se exigen requisitos como la autorización de residencia, tener una vivienda, estar empadronado, tener una cuenta bancaria o una póliza… etc. «No se contemplan vías alternativas para acreditar la identidad o la residencia de las personas sin documentación formal. (…) No se abordan explícitamente las barreras adicionales que pueden enfrentar mujeres migrantes, menores o personas mayores en situación irregular», han denunciado.
Este 18D, desde el movimiento han denunciado la «falta de voluntad política» para llevar a cabo este mecanismo de participación ciudadana, que «no puede ser desatendido en un contexto democrático que respete los DD.HH y la constitución que dice representar». «Queremos dejar claro que sin la aprobación de la REGULARIZACIÓN YA, el gobierno estará incumpliendo su mandato democrático», han sentenciado.
