Reportajes

Hoy, sábado 9 de septiembre, la Asociación “Gafas Moradas” ha salido a la calle a la vez que el movimiento feminista en todo el estado, para unirse en sororidad a Juana Rivas y a la lucha de todas las Juanas y para que ningún menor tenga que convivir con un maltratador. Saldremos a luchar juntas por nuestros derechos y para rebelarnos contra la violencia institucional y contra la justicia patriarcal que nos pone en peligro a nosotras y a nuestrxs hijxs. #JuanaSomosTodas

Francesco Arcuri fue condenado en 2009 por un juzgado penal de Granada por Violencia Machista, por golpear repetidamente a Juana Rivas. En 2016, Juana volvió a recurrir a la justicia por su situación de maltrato reiterado. Sin embargo, la traducción y tramitación de esta denuncia estuvo más de un año sin ejecutarse, y no se ha tomado ninguna medida para proteger a Juana ni a sus hijosn. Después de esta vergonzosa actuación, el sistema judicial ha forzado a Juana a entregar a sus hijos a un maltratador. Así, la “justicia” considera que un hombre que maltrata, que golpea, que insulta y que humilla, tiene derecho a la custodia de dos menores.

Durante el proceso judicial no se han protegido los derechos de los dos niños conforme al Estatuto de la Víctima y la Ley del Menor, que exige que se asegure para éstos, un entorno libre de violencias, y conforme al art. 31 del Convenio de Estambul, firmado por España, para que el ejercicio de ningún derecho de visita o custodia ponga en peligro los derechos y la seguridad de la víctima y de lxs niñxs. Así pues tampoco se ha cumplido el objetivo de intensificar la asistencia y protección de los menores, recogido en el recién aprobado Pacto de Estado, en el que se explicita que “la custodia compartida en ningún caso se impondrá en casos de violencia de género, ni podrá adoptarse, ni provisionalmente, si está en curso un procedimiento penal por violencia de género y existe orden de protección”.

Además, no se ha respetado su derecho a ser escuchados y tenidos en cuenta, habiendo en este caso un menor maduro de once años.

Por si fuera poco, hemos tenido que ver cómo el Juzgado de Instrucción nº2 de Granada ha llamado a declarar como investigadas a la asesora legal y la psicóloga del Centro de la Mujer de Maracena, y a los familiares de Juana Rivas hasta el segundo grado de consanguinidad. De esta forma, el sistema judicial patriarcal no sólo persigue a Juana y a toda su red de apoyo, sino que ataca directamente a las instituciones públicas, al conjunto de las mujeres y a todas aquellas personas que las apoyan.

El caso de Juana Rivas es el más visible de toda una serie de casos de violencia institucional contra las mujeres, que se suma a las múltiples violencias que enfrentamos diariamente las mujeres. Así,  de forma sistemática, cuando acudimos al sistema judicial para denunciar estas violencias, se nos cuestiona, se nos humilla y se nos deja desprotegidas. Al mismo tiempo que se refuerzan argumentos neosexistas como el supuesto Síndrome de Alienación Parental (no reconocido por los sistemas de clasificación diagnóstica oficiales) y el discurso de las denuncias falsas (que según la Fiscalía General del Estado son solo el 0,01% del total).

Es por ello que el movimiento feminista sale hoy a luchar contra la violencia institucional como última expresión del machismo estructural arraigado en nuestra sociedad. Las instituciones no pueden seguir animando a las mujeres a que denuncien la violencia de género cuando el sistema no las protege ni a ellas ni a sus hijxs, y deben reflexionar sobre el hecho de que el sistema de Justicia no sea percibido por las víctimas como un elemento de protección y seguridad. Sólo en lo que va de año, 36 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, según cifras oficiales, y 6 menores han sido asesinadxs por sus padres maltratadores.