Por David BM
En un mundo donde incluso la hostelería de Bizkaia ha logrado un aumento salarial del 15,5% en 2025 , el sector de Oficinas y Despachos de Bizkaia sigue atrapado en un bucle temporal desde 2013. Doce años sin convenio colectivo y trece con los salarios congelados. Mientras otros sectores avanzan, los trabajadores de oficinas y despachos parecen haber sido olvidados en una cápsula del tiempo laboral.
La reforma laboral de 2012, esa joya legislativa que pretendía modernizar el mercado laboral, logró que muchos convenios cayeran en el olvido. El de Oficinas y Despachos de Bizkaia fue uno de ellos. Desde entonces, cerca de 30.000 trabajadores han visto cómo su poder adquisitivo se evaporaba, mientras las empresas aprovechaban para imponer convenios estatales con condiciones aún más precarias.
La Rebelión de los Teclados
Pero no todo está perdido. El movimiento «Bulegoak Borrokan / Oficinas en Lucha» ha logrado reunir más de 2.000 firmas de trabajadores de 499 empresas a través de la plataforma «Los 8.000 de Oficinas y Despachos de Bizkaia». El objetivo es claro: alcanzar una masa crítica de 8.000 personas dispuestas a recuperar lo que es suyo.
La falta de representación sindical es otro de los grandes problemas del sector. Con apenas un 15% de afiliación y solo el 24% de los trabajadores con representación sindical, la patronal se frota las manos. La solución pasa por la organización, la afiliación y la realización de elecciones sindicales en las empresas.
La Patronal y el Gobierno Vasco: Cómplices del Silencio
Mientras tanto, CEBEK, la patronal, bloquea cualquier intento de negociación, alegando que las empresas no pueden asumir las condiciones del antiguo convenio. El Gobierno Vasco, por su parte, mira hacia otro lado, permitiendo que empresas adjudicatarias de contratos públicos, como GFI, no apliquen el convenio provincial, perpetuando así la precariedad laboral.
La Lucha Continúa
El 27 de abril, los trabajadores del sector se movilizaron en Bilbao para exigir explicaciones y compromisos a quienes tienen responsabilidad política en esta situación. La lucha por un convenio digno continúa, y el mensaje es claro: no se permitirá que la estatalización siga avanzando.
