Por Euskal Herriko Pentsiodunen Mugimendua
El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria (MPEH) llevamos más de 5 años reivindicando una pensión mínima de 1.080 euros en 14 pagas, por considerar que responde a los criterios de suficiencia fijados en la Carta Social Europea (CSE), es un ingreso básico para que una persona pensionista pueda acceder a una vida digna en su vejez, y es, además, una medida efectiva para reducir la brecha de género en las pensiones. Una reivindicación que ha tenido reflejo en la Disposición Final Quinta. Suficiencia de pensiones mínimas, de la Ley 21/2021, que obliga al Gobierno estatal a revisar este año las cuantías de las pensiones mínimas para garantizar la suficiencia económica durante la tercera edad pero que no se ha hecho efectiva.
Garantizar los ingresos mínimos necesarios para las personas mayores y pensionistas es también responsabilidad de los gobiernos e instituciones de la CAV y Navarra y así lo hemos demandado una y otra vez exigiendo complementar a 1080 euros la pensión mínima. Esta propuesta reivindicativa que debería haber sido asumida con normativa propia en la Ley 14/2022 del Sistema Vasco de Garantía de ingresos ha sido rechazada por la mayoría del parlamento de la CAV.
Las personas pensionistas, después de toda una vida laboral, estamos viendo como reforma tras reforma se reducen nuestras pensiones con lo que cada vez es más difícil garantizar un nivel de vida digno y especialmente para las mujeres jubiladas cuyas pensiones medias son un 37% inferior a la del hombre.
En la CAV y Navarra, tras incluir la última subida del 8,5%, el 30% de las personas pensionistas, 199.800 pensionistas (155.000 en la CAV y 44.800 en Navarra) no llegan a una pensión de 800 € mensuales, de todas ellas 152.600 son mujeres. Las personas pensionistas que no llegan a 1000 euros son el 39.2% que abarca a 279.480 pensionistas (216.880 en la CAV y 62.600 en Navarra), y de todas ellas 203.200 son mujeres.
Pues bien, en estos momentos en el que la subida de los precios de recursos básicos como la energía y los alimentos están siendo utilizados para incrementar los beneficios de los oligopolios financieros y de la energía las personas en general y las personas mayores y pensionistas en particular vemos como empeoran nuestras condiciones de vida. Mantener las condiciones de confortabilidad en las viviendas, garantizar la salud, alimentación sana y servicios de atención y cuidado es cada vez más difícil.
Pensiones, salarios y servicios públicos son los paganos de un desigual reparto de la riqueza que a través de las políticas públicas hace que los ricos sean cada vez más ricos a costa de la mayoría social.
